En un esfuerzo por mejorar la calidad del aire en las ciudades, 151 municipios españoles con más de 50.000 habitantes deben establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), áreas centrales con limitaciones y restricciones a la circulación. Una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que la implantación de estas medidas está teniendo un impacto significativo en la movilidad de los ciudadanos.
Según los resultados de la encuesta, uno de cada dos afectados por las ZBE ha tenido que cambiar sus hábitos de movilidad, optando por utilizar más el transporte público o buscar rutas alternativas. Además, el 23% de los afectados se ha visto obligado a cambiar de coche para poder circular por estas zonas, y otro 13% está considerando hacerlo. Este esfuerzo económico se ve lastrado por el retraso en las ayudas del Plan Moves III, que tardan al menos un año en hacerse efectivas desde el momento de la compra del vehículo.
La OCU insta al Gobierno a agilizar la concesión de las ayudas, para que se otorguen en el mismo instante de la adquisición del vehículo, como sucedía con el anterior Plan Pive, mucho más sencillo y efectivo. Además, la organización mantiene su petición de revisar el sistema de etiquetas de la DGT, de modo que se contemplen las emisiones reales y no solo el tipo de motor del coche.
La implantación de las ZBE va con retraso
Aunque las ZBE deberían haber estado en marcha antes de finales de 2023, su implantación avanza más lenta de lo esperado. Actualmente, solo 28 municipios tienen las restricciones vigentes, mientras que otros han aprobado la norma pero aún no está en vigor. La mayoría de localidades todavía están tramitando la medida o ni siquiera han iniciado el proceso.
El impacto en la ciudadanía
Una tercera parte de la población española vive en ciudades con ZBE activas, pero cuando se implanten en todas las localidades previstas, serán millones los afectados por las restricciones. Sorprendentemente, 7 de cada 10 encuestados dicen no sentirse concernidos, ya sea porque no viven o no se desplazan a municipios con ZBE, o porque su vehículo cumple con las normas. Sin embargo, el porcentaje de afectados sube al 43% entre residentes de localidades con limitaciones al tráfico.
Medidas complementarias necesarias
Más allá de las restricciones, la OCU recuerda a las administraciones la necesidad de impulsar medidas que prioricen medios de transporte alternativos, como parkings disuasorios gratuitos en los límites de las ZBE, un transporte público con mayor capacidad y frecuencia, carriles bici protegidos y conectados, y la peatonalización de zonas históricas y comerciales. Solo con un enfoque integral se logrará mejorar la calidad del aire y la salud en nuestras ciudades.
Source: Coches
