Los beneficios del transporte público frente al dominio de los coches y motocicletas particulares son innegables. Y si se añade a la ecuación que este servicio pueda ser gratuito, quizás se lleguen a convencer a muchos más ciudadanos para que dejen sus vehículos particulares aparcados en el garaje.
Entre otras mejoras, el transporte público descongestiona el tráfico, sobre todo en las grandes ciudades; contamina menos tanto medioambientalmente como acústicamente; resulta más económico para los usuarios y, además, reduce sensiblemente los tiempos de desplazamiento al evitar la búsqueda de aparcamiento, por ejemplo.
Pero, ¿qué beneficios puede aportar que su coste sea cero? Es verdad que, como primera opinión y con vistas a corto plazo, parece un trato perfecto. Aunque, como siempre, no es oro todo lo que reluce y aparte de beneficios esta medida también puede plantear desventajas.
Obviamente, la gratuidad del transporte público tiene todas las ventajas de los medios urbanos en general. Pero, al conllevar un coste cero para el ciudadano, puede de verdad ser una alternativa real al uso de los vehículos de motor de combustión.
También favorece a las economías de las clases en riesgo de exclusión, a los parados, pensionistas y estudiantes, aunque estos colectivos normalmente ya tienen descuentos en el transporte público.
Aunque parezca descabellado, se reducirían también las situaciones desagradables o violentas a las que tienen que hacer frente los conductores. En Francia, se estimó que el 90% de los problemas a los que se enfrentaban los trabajadores del transporte público tenían que ver con el pago del precio del billete. Por otro lado, se mejoraría la eficiencia y rapidez del funcionamiento de los medios públicos al eliminar la necesidad de picar billetes y adquirirlos.
Pero el transporte público gratuito también tiene sus desventajas. Por ejemplo, en España se plantea la dificultad de su implementación debido a la diferencia de gestión de este servicio entre las comunidades autónomas. Algunas han creado empresas públicas para ofrecer transporte y otras son concesiones del servicio a empresas privadas, que tienen que sacar beneficios económicos de estas licitaciones.
Además, ¿quién se haría cargo del coste y el mantenimiento? Se calcula que en Madrid, por ejemplo, el transporte público cuesta alrededor de 2.000 millones de euros al año, presupuesto que se aporta entre Comunidad, Gobierno central y abonos de pasajeros.
Y por último, no sería realmente gratuito, ya que al ser mantenido por las administraciones públicas, el presupuesto saldría de los impuestos de los ciudadanos, que podrían aumentar si se tomara la decisión.
Source: Coches
