Corría el año 2015 cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia detectó una serie de actitudes fraudulentas, que vulneraban las normas anticompetencia y que constituían un cártel para el intercambio de información «secreta, futura y estratégica», en un total de 147 concesionarios de coches del 91% de las marcas que se venden en España.
A partir de ese año y hasta los últimos meses, la CNMC ha ido imponiendo una serie de multas millonarias a las grandes marcas de automóviles que estaban en esta trama y la Sala de lo Contencioso Administrativo de Madrid ha ido ratificando todas y cada una de ellas, tal y como publicaba el diario La Información a principios de este mes.
Estas ratificaciones abren, a partir de ahora, una nueva vía para los conductores que adquirieran un vehículo en alguno de estos concesionarios durante los años 2006 y 2013. Los afectados podrán reclamar, según el Tribunal Supremo, una indemnización por el gasto extra que provocó esta red fraudulenta de establecimientos.
Se calcula que los compradores invirtieron entre 2.000 y 9.000 euros de más sobre el precio de venta del coche, en torno al 10% del importe total, por el intercambio de información anticompetencia tejido entre estos establecimientos que se dedicó a encarecer el precio de venta de los vehículos. Los afectados rondan los 10 millones y no son solo clientes particulares: también hay empresas de VTC y taxis, empresas de alquiler de coches… Y las reclamaciones pueden tramitarse por la cantidad de dinero añadida al coche.
La veda para solicitar estos reembolsos se abrió el pasado mes de abril cuando el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz falló a favor de un particular que había reclamado su dinero a uno de los concesionarios adheridos a esta red. Tras la aprobación del Supremo de los fallos emitidos por la Audiencia Nacional en noviembre del 2019, desestimando los recursos de los fabricantes de automóviles implicados, y esta sentencia, todos los afectados podrán empezar ya a tramitar sus requerimientos.
Source: Coches
