El año que viene un total de 149 municipios españoles tendrán que tener una zona de bajas emisiones o alguna medida de reducción del tráfico rodado en su perímetro, según lo dispuesto en la Ley del Cambio Climático. Sin embargo, por el momento, solo veinte ayuntamientos han presentado las medidas que prevén adoptar a lo largo de este 2023.
Así lo ha anunciado la Asociación Nacional Empresarial de Vehículos de Alquiler (Aneval). Esta veintena de consistorios representa un escaso 13% del total de ciudades que deberían haber empezado ya a trabajar en este tipo de planes o medidas.
Esta organización ha pedido «claridad» a los ayuntamientos en la publicación de los planes de reducción de emisiones y también les ha apremiado a publicar las normativas «con cierta antelación», para que los usuarios puedan conocer las prohibiciones y restricciones circulatorias con tiempo suficiente.
«En una semana entrarán en vigor las nuevas zonas de bajas emisiones que afectarán a 149 municipios en los que residen 25 millones de españoles, es decir, el 53% de los habitantes de nuestro país (según el Instituto Nacional de Estadística), pero hasta la fecha solo una veintena han iniciado la presentación de sus medidas», ha lamentado la organización.
Una gran variedad de medidas y propuestas
Las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen margen de maniobra para decidir cómo y con qué restricciones van a aplicar sus ZBE. El Gobierno deja capacidad de decisión municipal ya que no es necesario que estas zonas sean en el centro o que, por fuerza, prohíban la circulación de todos los vehículos con motor de combustión.
Como recoge Aneval, el último borrador de Ponferrada (León) permite un número limitado de accesos anuales a los coches con etiqueta A, B y C (ampliables si se pagan 25 euros), mientras que en Santander y Torrelavega no implantarán las zonas de bajas emisiones antes de 2024, por ejemplo. Otras ciudades apuestan por una suerte de pago por uso con un peaje urbano y otras implementan medidas respecto a los vehículos no empadronados en su término municipal.
Debido a esta diversidad de propuestas, Aneval solicita que se ponga en marcha «lo antes posible» la plataforma en la que está trabajando la Dirección General de Tráfico para recoger en abierto todas las ordenanzas municipales de las zonas de bajas emisiones. Esta plataforma de la DGT debería facilitar, por ejemplo, que los servicios utilizados como GPS para los vehículos puedan advertir de las restricciones cuando se intente acceder a una zona de bajas emisiones.
En esa línea, la asociación ha apuntado que la ausencia de un marco común que permita conocer con claridad las regulaciones ha derivado en una «disparidad de criterios» que, «lejos de unificar, confunden todavía más a usuarios y empresas».
«Tanto el ‘rent a car’, que constituye la principal oferta de movilidad compartida, como el usuario final que utiliza sus servicios y necesita tener volcada esa información en su navegador, requieren consultar en tiempo real con qué tipo de vehículos puede acceder a estas zonas y en qué condiciones», ha resaltado la asociación.
La movilidad compartida, excluida
Esta organización confía en que el ‘rent a car’ y los servicios de movilidad compartida queden exentos de las limitaciones a la circulación, ya que son una de las soluciones para reducir el número de emisiones y el volumen del tráfico en las ciudades.
Por ejemplo, la ordenanza reguladora del Ayuntamiento de Valladolid da por hecho que los vehículos de uso compartido y multiusuario podrán moverse libremente por la ciudad, resalta valor Aneval, por lo que ha solicitado que se reconozca a las empresas de alquiler de vehículos como «una parte fundamental de la movilidad compartida».
Source: Coches
