Ya queda menos para que las Zonas de Bajas Emisiones se hagan una realidad en muchos municipios españoles o, por lo menos, eso dice la Ley de Cambio Climático. En la práctica, todavía quedan muchas dudas en el aire por despejar y pocas medidas concretas puestas sobre la mesa.
Según esta norma, son 149 localidades españolas las que deberán, a lo largo de este año que está por empezar, implementar medidas de restricción al tráfico más contaminante (puedes consultar aquí el mapa y el listado). Pero, lejos de que todas hayan empezado a desarrollar los planes pertinentes (para tranquilidad o intranquilidad de los conductores), solo una veintena de las que estarían obligadas a tener una ZBE han dado noticias al respecto.
El punto en común de todas ellas será la limitación a la circulación de los turismos y furgonetas sin distintivo medioambiental de la DGT y, en algunos casos, restricciones a los que lucen las etiquetas B y C, como sucede en la zona más céntrica de Madrid, donde pueden acceder, pero solo bajo condición de estacionar el vehículo en un parking.
Sin embargo, esto no quiere decir que en todas estas ciudades no se vayan a poder usar más los coches con etiqueta B o C, ya que por el momento no hay ninguna medida clara al respecto. Por ahora, el Gobierno ha establecido la obligación de regular y limitar el tráfico, pero no ha exigido ningún tipo de limitación específica, pudiendo los ayuntamientos escoger cuál es el mejor modo de cumplir con los objetivos de reducción de emisiones y niveles de contaminación.
Qué tipo de medidas pueden utilizar los ayuntamientos
Según las Directrices para la creación de zonas de bajas emisiones (ZBE), las medidas a disposición de las ciudades son varias y no tienen por qué afectar solo al centro de las ciudades ni prohibir la circulación de ciertos modelos de turismo. El objetivo es, simplemente, mejorar la calidad del aire, lo que también pasa por la reducción del tráfico en general.
Algunas de las medidas, pues, que se pueden utilizar según este documento son sistemas de gestión de la demanda y del acceso, que puede ser por etiqueta, por ocupación, por residencia…; tarificación del acceso en vez de limitación a la circulación, teniendo que pagar los conductores una suerte de ‘peaje’ urbano; sistemas de control y gestión del tráfico, priorizando el uso del transporte público, por ejemplo; e información de apoyo a desplazamientos sostenibles.
Qué escenario se prepara para el 2023
Por el momento, y sin nada todavía en claro, solo queda esperar a ver cómo empiezan el año los ayuntamientos y cómo van evolucionando estos planes de reducción de emisiones. Todo parece apuntar a que la idea es reducir, en los puntos más conflictivos de las ciudades, el volumen de vehículos a motor y parece que el sistema más sencillo es seguir aplicando la discriminación por etiquetas de la DGT, aunque esto no quiere decir que los 149 ayuntamientos que deben implementar una zona de bajas emisiones lo hagan.
Tampoco se sabe si, efectivamente, a final del año todas las ciudades que deban las habrán puesto en funcionamiento o si, por el contrario, pedirán algún tipo de prórroga.
Source: Coches
